“Señor presidente no deje que sentencien al policía”, clamor en las redes sociales.
Al iniciar este año, el presidente de la República, Guillermo Lasso, recibió en su despacho al policía Santiago Olmedo, quien abatió a dos sujetos que huiandespues de robar a un menor de edad.
En esa reunión le dio todo el respaldo. “Estaré siempre del lado de la Policía Nacional.
Asimismo, manifestó que todos los policías del Ecuador contaban con el apoyo del Gobierno Nacional y del presidente.
Sin embargo, han pasado 7 meses y durante la semana que está acabandose, un tribunal de la Corte de Chimborazo, dispuso una sentencia de 13 años y cuatro meses de cárcel a Olmedo, por supuestamente determinar que él extralimitó el uso progresivo de la fuerza, cuando hace tres años le disparó a dos sujetos que estaban asaltado a un menor con arma blanca.
El gendarme ya no estaba de servicio cuando vio que un menor de edad era víctima del hampa, movido por su don de dar seguridad actuó contra los pillos, provocando la muerte de los “angelitos” mientras huían de escena.
Después de conocer la nueva sentencia, Lasso volvió a reaccionar: “La injusta condena a Santiago Olmedo debe ser conocida por la Corte Nacional de Justicia en casación, confío que será revertida. Ratifico mi voluntad de indultar a los policías injustamente condenados por cumplir con su deber. Siempre respaldaremos a quienes defienden el Ecuador”, sostuvo, ratificando así su voluntad de actuar, si la justicia se mantiene en firme con su decisión.
Por este caso, en la Policía existe preocupación, pues algunos fallos terminan sesgados y el ministro Patricio Carrillo cree que es porque no se valora la excepcionalidad. “El policía sale todos los días a hacer su trabajo, en protección de las libertades y derechos de los ciudadanos no sale a atacar y se topa con circunstancias como esta le corresponde hacer el uso progresivo de la fuerza”, dijo.
Añadió que en estos casos no deben valorarse únicamente con una pericia que determine el lugar, el número de disparos o la dirección, sino el hecho de interrumpir un delito que se estaba consumando y que podía afectar la vida de la víctima y colaterales.