Informes del Ministerio de Salud Pública indican que las credenciales aprobadas por la doctora Sandra B. no tenían documentos de respaldo y estaban plagados de irregularidades. Con esos se importaron autos de lujo.
La doctora Sandra B.M. es un eslabón clave en la cadena de corrupción armada para la entrega de carnés adulterados de discapacidad en el Ministerio de Salud. La especialista es una epidemióloga, con más de diez años de experiencia en esa cartera, encargada de calificar y autorizar la entrega de los documentos en Guayaquil, según informes internos de esa cartera a los cuales Código Vidrio tuvo acceso.
En el memorando MSP-2020-0606, del 26 de junio, suscrito por Lissete Tapia, directora Nacional de Discapacidades, y en el informe técnico de la Comisión de Monitoreo de esa entidad, se detalla que Sandra elaboró, recalificó y acreditó certificados, entre el 2013 y 2019, elaborados en las unidades calificadoras del Centro de Salud 28 de Febrero y Santiago de Guayaquil.
En total, en este período, la especialista aprobó 1.985 carnés de discapacidad que no tenían documentos de respaldo, y estaban plagados de inconsistencias e irregularidades, especialmente en el registro del nombre de la persona que cada solicitante refería como contacto, así como en los informes de respaldo.
Esta funcionaria fue parte de los equipos médicos del Centro 28 de febrero, ubicado en el callejón P. del Guasmo Sur y, luego, en el Santiago de Guayaquil, en la calle Nobol del suburbio portense. Francisco Pérez, coordinador de la Zonal 8 del Ministerio de Salud, denunció en la Fiscalía que las primeras sospechas se encendieron luego de una auditoría de la Comisión Nacional de Monitoreo y Control de la Dirección de Discapacidades, realizada el 26 de junio pasado.
En esa inspección se detectó que los certificados de esos dos centros de salud tenían “discrepancias e irregularidades”. Las principales fueron: Inconsistencias en los nombres de las personas que se anotaron como contacto y respaldo de la calificación, inexistencia de documentos cargados en el sistema, documentos de PDF escritos con palabras sin sentido y otras referencias que no cumplieron con el Manual para Calificación de Discapacidades Pedimos la versión de la doctora Sandra B., pero no respondió a nuestra consulta.
Hoy su caso está en manos de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública de la Fiscalía de Guayas, que inició una investigación previa reservada, por una denuncia formalizada por las autoridades del Ministerio de Salud, ante supuestos delitos de falsificación y uso de documentos falsos.
La funcionaria de Salud, según las investigaciones preliminares, sería parte de una red donde también participaron más empleados públicos, que, a cambio de pagos, que oscilarían entre 1.000 y 2.000 dólares, facilitaban los carnés a quienes no tenían una discapacidad. La fiscal Diana Salazar anunció que en este caso iniciará una investigación por delincuencia organizada.
Por lo pronto, se trata de identificar a los responsables de la entrega anómala de los documentos, especialmente utilizados para acceder a beneficios como la importación de vehículos lujosos, exonerados de impuestos. Entre quienes obtuvieron el documento hay funcionarios, futbolistas, asambleístas, alcaldes y jueces.
Pero no todos se han beneficiado de exoneraciones para importar autos. Según el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), en el país hay 485.000 personas con discapacidad, que tienen esa credencial. El 25 % está en Guayas y el 15,9 %, en Pichincha.
Familiares de ecuatorianos con estos problemas de salud han denunciado estos días lo complejo y engorroso que es obtener una certificación. En general, más de un año transcurre en el proceso para calificar a este documento, porque los aspirantes deben someterse a múltiples evaluaciones y citas médicas con especialistas.
Por eso, en el camino, muchos desisten, aunque saben que el carnet les facilita acceso a un bono, la exoneración en el pago de impuestos para importar vehículos, reducción en las tarifas de servicios básicos, devolución de valores pagados por el IVA, disminución en el pasaje de boletos aéreos, para buses urbanos e interprovinciales.
El 2019, el Gobierno destinó para estos beneficios 63,3 millones de dólares. Las primeras evidencias de la corrupción en la entrega de estos documentos aparecieron hace dos semanas, tras la captura de Daniel Salcedo, implicado en casos de corrupción en las contrataciones de los hospitales del IESS en Guayaquil.
Luego de su detención se conoció que usó un carné de discapacidad para importar un vehículo Toyota Sequoia Platinum en 60.000 dólares, que en el país cuesta 100.000. La cifra de documentos adulterados aún no es exacta.
El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aseguró que se comprobaron 2.281 documentos ilegales. Sin embargo, este número puede crecer luego una revisión del sistema que abarcará los últimos siete años. En esta inspección se incluirán los 3.000 carnets entregados durante la emergencia por el covid-19. Para evitar el mal uso de los carnés, el presidente Lenin Moreno anunció varias medidas, entre ellas la suspensión momentánea de la reducción de aranceles para vehículos importados por personas con discapacidad.
También dispuso la detención de vehículos importados con carnés fraudulentos y solicitó una auditoría del Ministerio de Salud. Salcedo obtuvo su certificado en Cisne II El Ministerio de Salud confirmó que Daniel Salcedo, su hermano y sus amigos consiguieron certificados de discapacidad ilegalmente.
Esta semana sus autoridades presentaron una segunda denuncia en la Fiscalía de Guayaquil. Según informes de Salud, Salcedo obtuvo su carnet el 2 de febrero del 2018 en el Centro de Salud Cisne II de Guayaquil.
Él fue presuntamente chequeado por la doctora Jéssica S., quien certificó que tenía una discapacidad del 41%, auditiva/física, en grado moderado. Al revisar nuevamente su documentación se verificó que no existían los informes médicos que certificaran técnicamente el porcentaje de discapacidad señalado en su registro.
Este 2020, Salcedo intentó importar desde Estados Unidos un vehículo de lujo usando el documento, pero las autoridades de la Aduana no aprobaron el trámite por varias discrepancias. Su hermano, Noé Salcedo, también consiguió su carné de discapacidad. Certificó el documento en el Centro de Salud La Victoria de Guayaquil, el 20 de enero de este año.
Él presuntamente tenía una discapacidad del 42%, física/visual. Dos funcionarios del hospital del IESS involucrados El Ministerio de Salud también denunció por este caso a César Rodríguez y Karla Cárdenas, amigos y empleados del hospital Teodoro Maldonado del IESS. Ellos también obtuvieron su certificado de discapacidad.
El primero lo hizo en el Centro de Salud Cisne II, a donde había acudido Salcedo. Allí certificaron que tenía 36% de discapacidad física/auditiva. En cambio, Cárdenas acudió al centro de salud 28 de Febrero: obtuvo el certificado de 48% de discapacidad física, sin ninguna prueba documental de respaldo.
En esta trama también aparece José Enriques, ex asesor de Dalo Bucaram, quien fue jefe de la unidad de contrataciones del hospital Teodoro Maldonado. Es investigado por aprobar los pagos de los contratos de Salcedo.
En 2018, Enriques obtuvo su carné de discapacidad, en el centro de Salud Cisne II. Allí certificaron un 41% de discapacidad auditiva. Por lo pronto, Salud suspendió la entrega de certificados, hasta terminar la auditoría.
El ministro Zevallos dijo que el objetivo es hacer una purga, mejorar los procedimientos para conseguir este documento y emprender una recalificación de todos los sospechosos, sin perjudicar a quienes realmente lo necesitan.
La Asamblea fiscalizará la emisión de las credenciales Para el martes 7 de julio de 2020, el pleno de la Asamblea Nacional debatirá sobre el proyecto de resolución para fiscalizar la obtención de carnés de discapacidad y el uso que les dieron.
El pedido fue presentado el pasado 1 de julio, una vez que se conoció sobre la posible obtención irregular de los documentos para importar bienes de lujo. El documento, que cuenta con siete artículos, pide rechazar una posible red de corrupción que estaría operando para sacar provecho del beneficio que el Estado otorga a las personas con discapacidad y exigir a las autoridades que realicen una investigación que empiece por los asambleístas.
Además, pide a las autoridades que remitan un listado de las personas que obtuvieron certificados que acreditan la calificación de persona con discapacidad y, de ese listado, quiénes importaron vehículos desde 2017.
En el artículo 3, llama a comparecencia, ante la Comisión Especializada del Derecho a la Salud, a las autoridades de: salud, tributaria, aduanera, del Consejo Nacional para la Igualdad de las Discapacidades, y el director general del Registro Civil, para que expongan sobre la obtención de certificados de discapacidad y cifras al respecto. (I) El Telégrafo